Por: Julio Ríos Twitter: @julio_rios

Uno de los argumentos más pregonados por el oficialismo durante estos doce años de polémica relativa a la Presa del Zapotillo, es que al construir este embalse se van a beneficiar a muchos y que por ello unos poquitos se tienen que sacrificar.

“40 personas no pueden detener el progreso de millones”, señalan, tramposamente, quienes apoyan este proyecto. Es decir, se incurre en una figura conocida como “La dictadura de las mayorías“, que no es más que una perversión de la democracia.

Es falso que siempre se tenga que hacer lo que las mayorías dicen. Si usáramos esa lógica entonces no habría matrimonio igualitario, ni rampas para personas con discapacidad, ni ciclovías.

Lo que realmente esconde el argumento de que algo “se hace para beneficiar a la mayoría” es, casi siempre, la intención de legitimar una imposición. En la democracia, existe la obligación de velar por las minorías vulnerables. Y cuando se habla de Derechos Humanos el discurso del “bien común” no es suficiente. Las imposiciones no son propias de una democracia.

En el cuaderno “Principios y valores de la democracia”, publicado por el Instituto Nacional Electoral, José Woldenberg y Luis Salazar señalan que no existen mayorías sin minorías. La regla de las mayorías exige entonces la participación de las minorías en la elaboración, aprobación y aplicación de las políticas y por supuesto que tienen derecho a influir en las decisiones públicas.

“El gobierno o poder de la mayoría solo adquiere legitimidad democrática estricta cuando reconoce e incluye los derechos y la participación de las minorías”, explica Woldenberg.

Nunca se toma una decisión que deje a todos contentos. Pero se tiene la obligación de escuchar los argumentos de todos. Lo que algunos autores, principalmente John Rawls, conocen como Foro Político Público. Y en estas discusiones no ha quedado demostrado que de verdad la presa sea la única opción para proteger un bien mayor.

Es cierto que el derecho al agua es un derecho fundamental. Así está reconocido por la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, el no construir la Presa del Zapotillo no viola el derecho al agua de los leoneses por dos motivos: Primero, porque el agua ni siquiera es para ellos, sino para la industria automotriz. Y segundo, porque existen mas alternativas de donde dotarles de agua u otros lugares en donde construir la presa. El Observatorio Ciudadano del Agua las ha presentado en varias ocasiones.

Es decir, no hay que empecinarse en hacer la presa ahí, donde, por cierto, no hay agua para llenarla. Lo han dicho hasta el cansancio los especialistas.

En cambio, mientras hay más alternativas para construir la presa o dotar de agua a León, sólo existe un Temacapulin.

Si les quitan su pueblo, cultura y su vida a ellos, no se las podrán remplazar. Y en ese caso también hay varios derechos humanos violados: el derecho a la autodeterminación de los pueblos; el derecho a la identidad y la historia y el derecho al patrimonio histórico y cultural. Todos reconocidos en instrumentos internacionales.

Y peor aún. El agua, ni siquiera será para la gente de León, sino para la industria automotriz. Ya lo escribía el periodista Rubén Martín: el líquido irá a quince zonas industriales dónde funcionan armadoras de autos.

Hay quien diría: eso genera empleos. Yo sigo pensando que es absurdo quitarle la poca agua que le queda a una zona que produce alimentos para dársela a una que produce coches.

Y eso de que a Los Altos de Jalisco les va a tocar agua, también es un embuste. Estas tierras de por si flacas, van a languidecer al arrebatarles las pocas gotas que aún le quedaban.

Al tiempo.