Por: Julio Ríos
Regular a la gran conversación del internet no es un reto menor. Primero porque nos estamos metiendo al terreno de dos pilares necesarios de la democracia y los regímenes liberales: la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa (O un concepto más moderno conocido como libertad de difusión a través de cualquier medio).
Y segundo, porque las empresas de redes sociales son entes transnacionales que han adquirido incluso más poder que algunos gobiernos y por su omnipresencia global, la aplicación de normas jurídicas se vuelve más complicada.
La libertad de difusión, está garantizada en tratados internacionales como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero como otras libertades, también tiene límites. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estas limitaciones deben ser justificadas, y las menos posibles. La barrera es la privacidad y la reputación, así como la seguridad nacional, la salud y la moral pública.
Sin embargo en redes sociales abundan las intromisiones a la privacidad, los insultos a la menor preocupación y por supuesto, la entronización de delitos.
En México, las normas relativas a la libertad de expresión, aunque emanan de una fuente constitucional, están dispersas en normas secundarias, lo cual vuelve compleja su aplicación. La mas vieja de estas normas, es la obsoleta Ley de Imprenta, que incluso es preconstitucional pues fue aprobada antes que la carta magna de 1917, aunque ya está en proceso de abrogación.
Ante tal caos normativo, en el renglón de los medios de comunicación, habían sido las empresas periodísticas las que han tenido que normarse través de instrumentos de autoregulación, como los Códigos de Ética, los Manuales de Estilo o las Defensorías de la Audiencia.
En el caso de las redes sociales, sucedía algo similar. Ante la ausencia de normas jurídicas que regulen, habían sido entonces las empresas de redes sociales las que han entrado a regular que se puede decir o no, y para ello crearon códigos de conducta o normas de convivencia. Sin embargo la queja ha sido que las empresas eliminan contenidos o cancelan cuentas de forma discrecional y sin criterios claros y a veces con raseros disímbolos.
En ese caso se dieron polémicos casos de censura contra comentarios de mandatarios, como por ejemplo el de Estados Unidos, Donald Trump, por el llamado explícito a sus seguidores a cometer actos de violencia y un golpe de Estado. Situación en la que creo que fue apropiada la suspensión de la cuenta.
Sin embargo el asunto de la autoregulación es complejo, no es suficiente y más cuando la eliminación de contenidos o la cancelación de cuentas está en manos de la frialdad de la inteligencia artificial y que en ocasiones han eliminado contenidos que en realidad no eran dañinos, como una obra de arte o una fotografía. En cambio, campean a sus anchas cuentas donde hay descaradas apologías de diversos delitos, por citar ejemplos.
¿Cuáles son los puntos de esta reforma que se presenta ante el Senado?
En resumidas cuentas, son los siguientes:
- Las redes sociales deberán obtener un permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Las redes sociales podrán cancelar cuentas o eliminar contenido cuando haya incumplimiento a las normas de convivencia.
- La cancelación definitiva se aplica al difundir mensajes de odio, noticias falsas, o apología del delito o afecte a menores de edad
- La cancelación de cuentas podrá ser impugnada ante la empresa de red social, que debe contar con una oficina para resolver la queja
- El usuario puede acudir al IFT para impugnar la decisión de las redes
- El IFT puede multar a las empresas de redes sociales con un millón de UMAS (Más de 89 millones de pesos).
Para empezar, qué bueno que se quiera evitar la propagación de mensajes de odio y fake news, así como fortalecer la Protección de Datos Personales y defender los derechos de los menores de edad. Pero que mal que las redes deban tener un permiso del IFT.
Es positivo que se esté tomando al IFT como el ente que regulara este tema. Lo cual es bueno por dos cosas: porque eso nos hace entender que no lo van a desaparecer, al menos por ahora. Y segundo porque es precisamente el organismo autónomo apropiado para esta tarea.
Me parece que si bien, la iniciativa no es descabellada, todavía tiene que ser nutrida con la visión del sector más importante: los usuarios. Escuchar a especialistas, por supuesto, pero también que tomen en cuenta e a quienes utilizamos estas plataformas, tanto de forma profesional porque es nuestro día a día, como a quienes simplemente se informan o se entretienen y conviven a través de ellas.
En esta discusión plural se debe aprovechar el amplio bagaje que existe en otras naciones, principalmente europeas, donde nos llevan gran ventaja en la regulación de las redes sociales y evitar esquemas de algunos países asiáticos y africanos, donde lo que hay autoritarismo.
Vale la pena recordar que deben privar, dos principios máximos:
- El estado, debe ser garante de la libertad de expresión , no censor y las restricciones deben ser las menos posibles y solo en casos justificados.
- La neutralidad de la red. Es decir, las empresas proveedoras deben de meterse lo menos posible en las censuras.
Además, el pecado original de esta iniciativa es su motivación: Más bien pareciera enfocada a evitar una posible censura al presidente López Obrador, tal y como ocurrió con el ex mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Las millonarias multas me parece que tienen la intención de inhibir cualquier intento de este tipo por parte de las empresas de redes sociales.
Lo malo es que por el temor de las multas podría ocurrir un efecto contrario: que las empresas de redes sociales opten por seguir ignorando mensajes de odio o de apología del delito para ahorrarse un procedimiento de impugnación tedioso que pudiera culminar con una millonaria multa.
La iniciativa me sigue pareciendo muy pobre en términos de garantizar la libertad de expresión de las personas, pero me parece que es un gran primer paso para evitar las decisiones unilaterales de algunas empresas de redes sociales que han eliminado contenidos sin mediar criterios coherentes.
Pero para que esto no termine en otro Frankestein legislativo, insisto, el sector que debe ser escuchado, es el de los especialistas, el de las asociaciones ciudadanas con experiencia en temas de libertad de expresión y por supuesto, los usuarios. Mejor dicho, los ciudadanos que han encontrado en las redes un espacio para expresarse de una manera como no lo habían hecho en toda la historia de la humanidad.
