Julio Ríos
(Artículo originalmente publicado en la revista Accesa del IVAI)
Decir que en México la transparencia proactiva está en pañales, a muchos les sonara a lugar común. Pero en este caso, es una realidad. Si de por sí, muchos municipios del país cumplen a duras penas, con las obligaciones de información fundamental contempladas en las leyes, pensar en que pueden impulsar políticas de transparencia proactiva o de información de interés público o focalizada, suena, como se dice coloquialmente, a “sueño guajiro”.
Por ello, no es extraño, que la transparencia proactiva, también se vea empujada por la participación de la sociedad civil organizada. Para decirlo más claro: el esfuerzo que realizan algunos observatorios ciudadanos que publican evaluaciones periódicas, han sido un factor que ayuda a que los sujetos obligados publiquen más allá de la información que la ley exige. Hay algunos ejemplos exitosos de ello. Como veremos más adelante, uno es el del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) en Jalisco.
Pero primero, recordemos que la transparencia proactiva, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consiste en que se genere información adicional a la que establece como mínimo la norma, ir más allá del catálogo de información fundamental, con información que sea de interés de la sociedad, que genere conocimiento útil o agilice trámites, entre otras bondades.
De acuerdo con los “Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva”, aprobados por el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), los sujetos obligados deben enviar cada seis meses al órgano garante un listado con la información que consideren de interés público.
Si el instituto de transparencia que corresponda, determina que esa información cumple con los requisitos, entonces se dictamina y se convertirá en obligación.
Sin duda, este proceso requiere un nivel de especialización técnica que en muchos municipios del país, no existe. E insisto. Si muchos sujetos obligados cumplen a medias con la ley… ¿Podrán cumplir con información que va más allá de la norma?
El temor a la reprimenda de la opinión pública
Más allá de que los sujetos obligados cuenten con los recursos materiales o de que sus funcionarios estén capacitados técnicamente para responder a los desafíos en la materia, hay un elemento que considero fundamental para hacer realidad la transparencia proactiva. Me refiero a la voluntad política.
Esa voluntad, no siempre va a surgir por la bienaventuranza de los funcionarios, sino que en muchas ocasiones, a los políticos no les queda más que sumarse a las nuevas tendencias por la exigencia social.
De acuerdo con autores como Jaqueline Peschard (2016: 50) o Mauricio Merino (2015: 3), la participación ciudadana y la exigencia social han sido claves para que se consoliden avances democráticos, como la creación del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y obviamente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y más recientemente, en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Organismos como CIMTRA, evalúan anualmente a los ayuntamientos y a los congresos locales, ejerciendo presión social. En sus herramientas, no solo contempla los catálogos de información fundamental, sino que se incluye más información de la que exige la ley.
CIMTRA se define en su sitio web, como “un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria desde 2002 cuyo objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales para mejorar rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento”.
CIMTRA hace sinergia con los medios de comunicación y utilizando las redes sociales como una forma eficiente de dar a conocer sus evaluaciones. Por ello, la opinión pública reprende socialmente a quienes resultan reprobados. A esto se le conoce como enforcement social (Smulovitz y Peruzzotti: 2000).
Tanto los medios de comunicación, como la opinión pública, ejercen un poder fáctico. Aunque no están insertos en las estructuras institucionales, lo que publican respecto a un funcionario, por supuesto que tiene consecuencias.
Casos como los reportajes de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto o en su momento, el toallagate de Vicente Fox, tuvieron consecuencias al menos políticas, reflejadas directamente en el descenso de los niveles de popularidad de los presidentes, o en algunos casos con un castigo en las urnas (Ulises Beltrán, 2015).
Al menos dos funcionarios me han comentado personalmente, que prefieren plegarse a la herramienta de CIMTRA, para mejorar sus evaluaciones y por ende, mejorar su reputación pública en materia de transparencia.
Este instrumento solicita más información que la que exige la ley local. Y aunque en los hechos, el sujeto obligado no está enviando al órgano garante el listado de información que considera de interés público, como lo marcan los lineamientos del INAI, en los hechos si se está publicando información de interés para la sociedad y finalmente, eso es lo que realmente importa. El beneficio se da.
Logros en Jalisco
En Jalisco, varios municipios han mejorado sus números en las evaluaciones ciudadanas, gracias a que se apegan a la herramienta del colectivo CIMTRA, en la cual el 49 por ciento de los rubros que la integran, van más allá de la ley,
Al respecto Carlos Aguirre Arias, coordinador estatal e integrante de la coordinación nacional de CIMTRA, explica al autor que entre los elementos proactivos de la herramienta está la publicación de lo que se conoce como #3de3 (la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses).
Lo que se pide es que se publiquen, no solo los comprobantes en los que consta que ya presentaron los documentos ante la Comisión de Vigilancia del Congreso Local, sino que publiciten las declaraciones completas para que la gente pueda conocer cuáles son sus bienes y posibles conflictos de interés, detalla Aguirre Arias.
Otro aspecto, es que los ayuntamientos publiquen cada seis meses un mapa actualizado con los cambios de uso de suelo, además del destino de los ingresos extraordinarios y reportes financieros que detallen los subejercicios. Además, que los municipios no se limiten a publicar los reglamentos de participación ciudadana –como el cabildo abierto- sino también se incluyan infografías u otros productos visuales que orienten a las personas sobre cómo acceder a estos mecanismos.
José Bautista Farías, maestro en política y gestión pública y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), añade en charla con el autor, que otros aspectos de información proactiva de la herramienta CIMTRA, es la información sobre los donativos que otorgan los ayuntamientos.
“Además se especifique cuáles fueron los criterios tomados para otorgarlos y el aval respectivo de los cabildos”, apunta el catedrático.
También piden que en el padrón de proveedores, vaya acompañado del Registro Federal de Causantes, y en el caso de la autorización de nuevos fraccionamientos se adjunten las consultas ciudadanas en las que los vecinos autorizan o manifiestan su conformidad con el cambio de uso de suelo.
Hay que recordar, que de acuerdo con teóricos como Andreas Schedler (2007:10), no basta con que la autoridad informe, sino que para que la rendición de cuentas sea completa, también debe justificar el porqué de sus acciones. Ese espíritu está presente en la herramienta CIMTRA.
Los frutos se han visto reflejados en ayuntamientos como los de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque, que se han vuelto modelos a nivel nacional. Al publicar más de lo que exige la ley, estas ciudades encabezan el ranking 2018 con altas calificaciones. La perla tapatía, con 100 puntos, y los otros tres, con 97,9.
Otros ayuntamientos que han mejorado sus calificaciones, son Autlán de Navarro, Ixtlahuacan de los Membrillos, Tuxpan y Jilotlán de los Dolores. De los diez primeros lugares nacionales, siete son municipios de Jalisco. El único ayuntamiento no jalisciense presente en el top ten, con calificación de 93. 3, es Mérida, donde también funciona un grupo activo de CIMTRA.
“Entre mayor sea la participación ciudadana, los municipios son más transparentes. Cuando los ciudadanos exigen información a los sujetos obligados no les queda más que publicarla ante la presión ciudadana. CIMTRA en Jalisco es el grupo local que más años lleva continuos evaluando, doce años consecutivos. Esto hace que los gobiernos consideren este ejercicio como un ejercicio serio”, comenta Carlos Aguirre Arias.
Por separado, José Bautista, reflexiona que la participación sin información es como navegar sin brújula: “Se trata de información que va más allá del interés individual, que es útil para el público, para que comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Uno de los procedimientos para identificar la información proactiva, es que aquella información detone la rendición de cuentas efectiva, lo que implica la participación de los ciudadanos y que esta información optimice la toma de decisiones, no sólo de las autoridades sino también de la población en general. Desde esa perspectiva, la participación ciudadana es central. Está muy vinculada al tema”, afirma en entrevista con el autor.
Consideraciones finales
La participación ciudadana es fundamental, para que la transparencia proactiva pueda consolidarse a mediano plazo. En la medida que la demanda de información se intensifique por parte de la sociedad, a la clase política no le quedará más remedio que seguir abriendo los baúles de los despachos del poder.
Por supuesto que el esfuerzo de los observatorios ciudadanos y las evaluaciones, son un ejercicio de presión social que abona a que los sujetos obligados terminen involucrándose en procesos de transparencia proactiva.
Sin embargo, regreso al planteamiento inicial. Aún estamos en pañales en materia de transparencia proactiva. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITEI), en lo que va del año -hasta el 8 de agosto de 2018- solamente un sujeto obligado había enviado al órgano garante una solicitud de publicación de información de interés público.
Por falta de recursos, capacitación, o voluntad política algunos sujetos obligados, batallan para cumplir –otros ni eso- con las obligaciones y aún no se involucran en la dinámica de la transparencia proactiva. Estos procesos, deberán irse perfeccionado paulatinamente.
Y por cierto, en este sentido, la transparencia proactiva también será un insumo muy atractivo para el trabajo de los medios de comunicación, por el ahorro de tiempo que implica. Encontrar la información de interés público a un solo click, contrasta con el proceso actual de una solicitud de información en la que el periodista podría esperar, con buena suerte, hasta 30 días hábiles para recibir lo que pidió. Esto es una eternidad en un mundo digital en el que las noticias pueden fenecer en cuestión de minutos.
Otro punto que además, debe explorarse, a corto plazo, el papel de los medios de comunicación para la divulgación de información proactiva, ya que de acuerdo con el lineamiento vigésimo séptimo en esta materia, aprobado por el Consejo del SNT, para publicar esta información “deberán considerarse medios adicionales a los sitios de internet y la Plataforma Nacional, como: radiodifusión, televisión, medios impresos, lonas, perifoneo, sistemas de comunicación para personas con discapacidad, entre otros”.
Mientras son peras, o son manzanas, independientemente de que los sujetos obligados no acudan al órgano garante para pedir la autorización para publicar información proactiva, los esfuerzos de grupos como el colectivo CIMTRA, generan que eso que la sociedad quiere saber, aparezca en los portales electrónicos, lo cual, en los hechos, es ya un avance que no se debe desdeñar.
BIBLIOGRÁFIA
- Beltrán, Ulises, “El desacuerdo con los presidentes (1994-2015)”, Nexos, marzo 2015.
- Merino, Mauricio. (2015). México: la batalla contra la corrupción (Una reseña sobre las reformas en curso a favor de la transparencia y en contra de la corrupción). Ciudad de México: Wilson Center México Institute.
- Peschard, Jaqueline. (2016). Expansión de un derecho fundamental: el Sistema Nacional de Transparencia. En Hacia el Sistema Nacional de Transparencia (33-61). México, Distrito Federal: UNAM.
- Schedler, Andreas. (2004) ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática Nº 3, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, pp. 8-36. (Disponible en http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/Cuadernillo%2003%20B.pdf y consultado el 26 de enero de 2017)
- Smulovitz, Catalina y Enrique Peruzzotti (2000), “Societal Accountability in Latin America”, Journal of Democracy 11/4
