Julio Ríos *

Históricamente Jalisco ha sido el estado más vanguardista en materia de Trasparencia y Acceso a la Información en México. Aquí se creó en 2002 la primera ley en la materia –aún antes de la Ley Federal- y en 2005 se firmó la Declaración de Guadalajara que detonó la histórica reforma al artículo sexto constitucional en 2007 y a casi 16 años de su creación, su órgano garante ha logrado consolidarse como un ente fundamental para la vida democrática del Estado y como un pivote en el combate a la corrupción.

El corte de caja de los primeros tres lustros de vida del Instituto de Trasparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), es positivo, pero también es una realidad que prevalecen varios desafíos. Ante el incremento de atribuciones y facultades -que no han ido acompañados de un aumento presupuestal- se ha dificultado la operación en diversos procesos.

Esto obliga a generar soluciones creativas para  diversos problemas que se enfrentan en las agendas que atiende el ITEI, no sólo en transparencia, sino en protección de datos, combate a la corrupción  y gestión documental. Esas soluciones creativas deben pasar por los siguientes pilares: la participación social y la generación de información con utilidad, pertinencia y presentada en lenguaje ciudadano

Para mi uno de los desafíos de mayor magnitud es aumentar entre la población la cultura de la protección de datos personales. El manejo inadecuado de la información sensible, puede provocar que las personas vean menoscabado su patrimonio, o en riesgo su seguridad, integridad física y hasta la vida.

Es urgente que se intensifiquen los procesos de verificación de oficio, respecto al tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados, que es la atribución del ITEI, pues en el caso de particulares toca al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En Jalisco existen alrededor de 530 sujetos obligados. Por ello es difícil ir al día en la verificación del cumplimiento de publicación de información fundamental en los portales de transparencia.

Hay gobiernos municipales que tienen hasta dos años sin actualizar sus portales de transparencia. Debemos ser más creativos para poder vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de manera más efectiva. Para ello, se debe estimular la sinergia con la sociedad civil organizada.

Como lo veremos más adelante, además de las herramientas que nos aportan las leyes, podemos ir siempre más allá, emprender mecanismos de consenso y participación ciudadana e interinstitucional, que permitan generar esas estrategias de innovación pública, para compensar la falta de recursos.

Antes me detengo en otro desafío: la implementación de las nuevas disposiciones en materia de archivos. La entrada en vigor de la Ley General de Archivos es un reto inacabado. En México, hicimos las cosas al revés, primero trasparentamos y postergamos por dos décadas la gestión documental. Muchos sujetos obligados están rezagados en este rubro, a pesar que el derecho de acceso a la información no se puede entender sin los instrumentos de control y consulta archivística.

Otro gran problema, en el ámbito de los gobiernos municipales, es la falta de capacitación y de personal que cuente con los conocimientos técnicos en esta materia. De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, el 81.6 % de los municipios de Jalisco cuentan con menos de tres trabajadores. El 56 % inclusive tiene un solo empleado. Es decir, únicamente el director o directora de la Unidad de Transparencia.

Y si revisamos sus perfiles, encontramos de todo, como en botica. Nutriólogos, psicólogos, ingenieros industriales, o hasta funcionarios sin licenciatura (el 21.6 % carece de esta). Solo diez titulares de las Unidades de Transparencia cuentan con maestría y encontramos municipios que no cuentan con tecnología, ni personal preparado para cumplir con el cada vez más amplio catálogo de información fundamental.

También es muy importante seguir fortaleciendo al ITEI como uno de los pilares del combate a la corrupción.  Sin información, no puede existir esa lucha, y tampoco con instituciones débiles.

La corrupción es un problema de institucionalidad. Se requieren instituciones fuertes, controles, inteligencia gubernamental, herramientas en línea, mejoras regulatorias, políticas claras que inhiban esas prácticas. Y por supuesto el ITEI es parte importante en este engranaje, en el ámbito que le toca, que es garantizar y tutelar el derecho a saber.

Y uno de los grandes retos al que me quiero referir, es el de la transparencia proactiva. Esto quiere decir, que los sujetos obligados publiquen mucho más de lo que la ley les obliga y que no esperen a que los ciudadanos les soliciten (transparencia reactiva).

La epidemia del coronavirus nos enseñó que en Jalisco debemos transitar a verdaderos esquemas de transparencia proactiva, focalizada y acciones de gobierno abierto, que habrían facilitado que a los ciudadanos siguieran disfrutando de su derecho de acceso a la información durante la obligada pausa del confinamiento.

Para identificar esta información de interés público, se deben emprender convocatorias a la sociedad para que señalen qué es lo que les interesa que se difunda y algo muy importante: que se publique en lenguaje ciudadano. Adiós a las platas y mazacotes en PDF o a los laberintos financieros que solo entienden los iniciados.

Es tiempo de dar énfasis a una gobernanza en la transparencia. Aprovechar las capacidades y habilidades de la sociedad civil para generar soluciones conjuntas en los términos de verificación de publicación fundamental, capacitación y protección de datos; y por supuesto e intensificar las jornadas de actualización para quienes pueden fungir como aliados en la difusión de la información pública con utilidad y pertinencia.

Cuando hablo de utilidad y pertinencia, me refiero a que sea información que permita tomar decisiones muy prácticas en el día a día. A veces lo que pareciera más sencillo es lo que genera mayor valor público. Pero sobre ese tema podríamos luego abundar en otro texto.

Lo cierto es que la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos en Jalisco viven una coyuntura en la que debemos dar ese salto cualitativo. Pasar del enfoque burocrático y de usuarios de nicho de círculo rojo, para permear en el público en general.

Y en este impulso de la transparencia proactiva y focalizada, es tiempo también de impulsar a partir del órgano garante y sus lineamientos, la generación de información pública con perspectiva de derechos humanos, diversidad y por supuesto, de género. La violencia contra las mujeres es hoy por hoy, la agenda más importante que debe permear en las acciones de toda institución, y el ITEI no puede ser la excepción.

Para hacer frente a todos estos desafíos, se requieren perfiles, que no solo tengan el importantísimo y fundamental conocimiento técnico-jurídico en materia de transparencia y acceso a la información; sino que para dar el próximo salto, se necesitan ciudadanos con habilidades y competencias en comunicación y difusión a través de las nuevas tecnologías.

Personas con la sensibilidad de traducir el cúmulo de información que generan los sujetos obligados y presentarlo de forma que la mayoría de los ciudadanos lo entendamos y nos sea de utilidad.

Desterremos esa idea errónea que algunos tienen, de que las instituciones de trasparencia solo crean burocracia. La transparencia puede generar soluciones en la vida cotidiana.

Hay diversas historias de éxito en la que a través de solicitudes de información se han logrado beneficios tangibles para la población. Es tiempo de redimensionar su utilidad para generar valor público cotidiano.

Para que  Jalisco siga siendo ejemplar a nivel nacional, es tiempo de dar ese paso superlativo hacia una transparencia en lenguaje ciudadano.