Por: Julio Ríos
El amparo, aportación jurídica de México al mundo, se ha prostituido. Actualmente es una herramienta para que delincuentes de cuello blanco, y también de los otros, evadan a la justicia. Sin duda, urge redignificar esta figura. Pero no como pretende Morena con una reforma que amenazan con presentar ante el Senado, pues entonces sí, el amparo, perdería su espíritu original de defensa a los abusos del poder.
Para muchos es una estrategia dilatoria. Para otros, es la única manera de defenderse de una injusticia. Otros más lo ven como la panacea. Lo cierto es que se ha desprestigiado porque el criterio que parece predominar es que “A nadie se le niega un vaso de agua y un amparo”.
¿Cómo funciona actualmente un juicio de amparo?
Recordemos. Esta figura fue creada por Mariano Otero y Cresencio Rejón y una aportación jurídica de México al mundo. Muchos países han adoptado este invento del derecho mexicano.
Cuando una persona considera que un acto de autoridad, o una norma, atenta contra los derechos humanos reconocidos en la constitución o en los convenios o tratados internacionales, acude a un juzgado de distrito a solicitar la protección de la justicia federal.
El juez, otorga una suspensión provisional. Es decir, una orden para detener el acto reclamado. Para decirlo llanamente: mientras son peras o son manzanas, engarrótenseme ahí.
Ya posteriormente el juez podrá o no emitir una suspensión definitiva. Como en todo juicio, al final, dictará una sentencia.
El problema es que como la suspensión provisional se otorga prácticamente siempre, es utilizada a veces con fines perversos. Es así como hemos visto ex funcionarios que evitan ser detenidos, delincuentes que salen de prisión, giros negros que logran trabajar en contra de las normas municipales, por ejemplo, para vender alcohol las 24 horas y un sin numero de etcéteras.
“Se amparó”, es la frase que con morbo se dice para intentar explicar porque alguna persona salió de la cárcel o un negocio de giro negro sigue operando impunemente.
A esto se suma, que si se tiene un abogado huizachero y mañoso, se pueden ir acumulando recursos legales, para alargar los juicios de forma indefinida.
Eso a todas luces, aunque sea legal, no es justo. Ni mucho menos moral.
¿Qué busca la reforma de Morena?
Lejos de solucionar el problema lo va a empeorar. ¿Qué es lo que se pretende con esta iniciativa? Evitar que los amparos frenen los proyectos y obras “en beneficio del pueblo”. Eufemismo para referirse a las obras del gobierno de la 4ta Trasformación. Esto luego de lo que pasó con los amparos que frenaron los trabajos del Aeropuerto de Santa Lucía.
La iniciativa argumenta que “inversión en infraestructura es uno de los cimientos de la prosperidad”, pues se relaciona con “servicios básicos y con la construcción de edificios públicos como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación social y parques”.
Con la iniciativa de Monreal se adiciona un párrafo al artículo 25 constitucional para plantear que el desarrollo de obra pública e infraestructura en materias como educación, salud, seguridad, comunicaciones, transportes, hidráulica, entre otras, sea considerado como interés social y por lo tanto, protegido.
Esto se reforzaría con una modificación en el mismo sentido a la fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo, para que estas características sean un causal de improcedencia.
A todas luces esto busca blindar obras icónicas del actual gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
No obstante, esto sería un visible retroceso.
Gracias al amparo, se han frenado obras abusivas. Un ejemplo, la Presa de El Zapotillo. Proyecto que hiede a corrupción desde el fin del sexenio de Vicente Fox. Y así podríamos enumerar otros ejemplos, en los cuales si esta restricción hubiera estado vigente, los habitantes habrían quedado descobijados.
Por eso, si bien debe revisarse la figura del juicio de amparo, esta no es la vía. Porque de concretarse la reforma que propone Morena en el Senado, nos saldría peor: tendríamos delincuentes en la calle y obras públicas, en todo el país, impuestas por encima del interés colectivo por parte, no sólo del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales y municipales.
Así no.
