Julio Ríos Twitter: @julio_rios
Las comisiones de la verdad son un instrumento poco explorado en México, pero que han demostrado su eficacia en el mundo, siempre y cuando cuenten con autonomía y dientes para sancionar a los responsables de agresiones a los derechos fundamentales de las personas y sean encabezadas por perfiles que cuenten con credibilidad social.
La resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que mandata a crear una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, es un hito en materia de derechos humanos en nuestro país.
En México existe una entendible desconfianza hacia las comisiones. Hay un viejo adagio que señala que si quieres que un tema no se resuelva, entonces hay que crear una comisión. En este caso, aunque usted no lo crea, es muy distinto.
Lo ocurrido en Ayotzinapa es un caso paradigmático de violación masiva de los derechos humanos y de indolencia de las autoridades. Lejos de que hubiera una voluntad política para garantizar el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, el Estado mexicano se ha empeñado en ocultar lo ocurrido y construir la “verdad histórica” que ahondó aún más las dudas entre la opinión pública.
De acuerdo con el portal Animal Político, estos son los puntos torales de la resolución del tribunal:
- La investigación no fue independiente ni imparcial, no exploró la participación del ejército y la policía federal
- Hubo muestras de tortura entre los acusados que confesaron la supuesta incineración de los normalistas, por lo que se ordena aplicar protocolo Estambúl
- Se debe permitir acceso a todas las instalaciones o centro de detención de las autoridades en las nuevas líneas de investigación
- Se otorga una indemnización económica a los padres de los normalistas
- Se crea la Comisión de la Verdad conformada por familiares de los estudiantes desaparecidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los regímenes totalitarios han basado su poder en ocultar la verdad. Los clásicos los han llamado arcana imperi (los secretos del imperio). A la larga, esa estrategia lejos de fortalecer a las instituciones, mina su credibilidad. Las hace frágiles. De por sí, las violaciones de derechos humanos destruyen la confianza en las instituciones del Estado, esto se agudiza cuando se oculta la verdad a ultranza.
La reparación integral del daño de las víctimas directas e indirectas y la garantía de no repetición de los hechos: tiene como uno de sus elementos, el derecho a la verdad
Es decir, no se entiende una reparación del daño sin el conocimiento de la verdad. Además, el derecho a la verdad también lleva a identificar patrones de violaciones de derechos humanos, lo cual es insumo para emprender estrategias que lleven a que esos hechos no se repitan.
La creación de la Comisión de la Verdad en México, no es una idea nueva. Desde el 13 de diciembre de 2017 los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo presentaron una iniciativa para institucionalizar esta figura. En Jalisco ha hecho lo propio la diputada local del PRD, Mónica Almeida López.
De la lectura de la iniciativa presentada por Clemente Castañeda, se desprende que las comisiones de la verdad, son Instrumentos de justicia transicional y han sido eficaces para el esclarecimiento de hechos de violaciones masivas, de derechos humanos, pues son autónomas.
No están contaminadas por funcionarios del gobierno, sino que las integran expertos en la materia, con la intención de contar con un grupo interdisciplinario, independiente y, sobre todo, imparcial. Además, garantizan la indemnización a las víctimas por mecanismos existentes o creando nuevas herramientas.
Se recuerdan casos exitosos, como los de Argentina y Sudafrica. En el país sudamericano, la comisión de la verdad fue encabezada por el escritor Ernesto Sabato e investigó los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
En la nación africana, la presidió el famoso Arzobispo Desmond Tutu, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante el Apartheid.
La experiencia sudafricana fue exitosa porque esa Comisión de la Verdad se creó gracias a una iniciativa de ley, no por decreto presidencial ni tampoco mandato judicial y contó con equipo de 300 personas, un presupuesto de 18 millones de dólares y gozaba de facultades, como por ejemplo, otorgar amnistías.
¿Qué alcances se recomienda que tengan las comisiones de la verdad?
- Garantizar el derecho a la verdad
- Garantizar la búsqueda con vida de desaparecidos
- Garantizar la reparación del daño
- Sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos
- Recomendaciones para la no repetición de los hechos
- Entregar informes finales vinculantes
- Deben ir acompañadas de un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas.
En la iniciativa que presentó Clemente Castañeda y que forma parte de su plataforma electoral en su campaña rumbo al Senado, sí aparecen estos aspectos.
Evidentemente la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, que se creará a partir de la sentencia del tribunal, no tendrá esos alcances, porque no surge de una modificación constitucional o legal.
No obstante, su ejercicio marcará un antes y un después en materia de derechos humanos en México, y podría ser el antecedente inmediato de una comisión de la verdad institucionalizada, la cual sería ideal para investigar casos, no sólo como los de Ayotzinapa, sino otros más que siguen sin resolverse desde la época de la guerra sucia de los años 70 o en los dos últimos sexenios, caracterizados tristemente, por violaciones masivas a los derechos humanos en trágicos capítulos.
Sin derecho a la verdad, no hay justicia.
